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CARLOS PROCHELLE Y LOS ROBOS DE LA TIERRA VALDIVIA, 1910-1937

Vista de la Bahía de Corral y la Isla de Mancera desde la parte alta del fundo Los Angelitos, Isla del Rey, década de 1930. Álbum familiar de Osvaldo Kunstmann Zúñiga

“Un nuevo hecho, del cual Su Señoría podrá imponerse por el telegrama adjunto, me confirma, no ya la intervención odiosa y frecuente de los carabineros cuando proceden de orden superior, sino de la parcialidad observada por los carabineros de Niebla que han procedido a lanzar sin orden legal alguna a los indígenas radicados y con título de merced, como son los señores José del Carmen Pichun y Juan Chicuy. Este lanzamiento ordenó hacerlo el terrateniente don Carlos Prochelle, quien desde hace mucho tiempo viene molestando a estos pacíficos indígenas, como lo comprueban las peticiones de amparo que tienen pendientes en el Ministerio de Colonización. Como puede verse, este caso no puede ser más grave y Su Señoría, dentro del espíritu de justicia que lo anima, debe ordenar el inmediato castigo de aquellos carabineros como asimismo ordenar la reposición en sus suelos a los indígenas en referencia”. (Cámara de Diputados, 16 de junio de 1926).[1]

 

En la comunidad lafkenche Fey Tañi Mapu, ubicada en la localidad costera de Los Molinos, comuna de Valdivia, la señora Lucy Chicuy me recibe en su hogar. Es una fría tarde de mayo y, como es habitual en esta parte del país, el breve otoño ya se ha ido para dar paso al largo y lluvioso invierno. Sentados junto a una cocina a leña, la señora Lucy, con su pequeña nieta entre los brazos, me cuenta un poco sobre su vida.

Me dice que nació cerro arriba, en una ruca con piso de tierra y cama de paja. Siendo pequeña asistió a la escuela rural de Niebla, a la que se dirigía cada mañana con los pies descalzos. Su padre, David Chicuy, como era habitual entre los mapuche de la zona, se desempeñó como peón en los fundos ubicados en la ribera del río Valdivia, pertenecientes en su mayoría a descendientes de colonos alemanes llegados a nuestro país durante la segunda mitad del siglo XIX. Se casó muy joven con Juan Huichicoy, con quien tuvo dos hijos: Juan y Nancy.

Por medio de sus padres, la señora Lucy heredó la memoria de sus antepasados como un valioso testimonio sobre épocas ya olvidadas por los habitantes de la región. Como me cuenta, guardan especial lugar en su memoria los reiterados intentos del empresario alemán Carlos Prochelle para despojar a su familia de sus tierras ancestrales. Como ha quedado estampado en los libros de historia local, Carlos Prochelle era hijo del empresario alemán Eduardo Prochelle, quien sobresalió, a finales del siglo XIX, en distintas actividades relacionadas con la agricultura, el comercio y la industria, convirtiéndose en expresión de una época de gran apogeo económico para la ciudad de Valdivia.[2] A la muerte de su padre, Carlos Prochelle heredó un gran número de propiedades rurales ubicadas en la costa de Valdivia, entre las que destaca el fundo Cutipay, el cual habría intentado extender ilegalmente a partir de la usurpación de tierras indígenas y fiscales colindantes.

Relata la señora Lucy que, durante la década de 1920, «la época más conflictiva», Prochelle habría intentado expulsar a las comunidades mapuche de la zona por medio del fuego y las armas:

“era común verlo recorrer los campos acompañado de un capataz armado con un rifle, quien en más de una ocasión disparó en contra de los mapuche. Peleaba con todo el mundo y le quería quitar sus tierras a todo el mundo. Él compró tierras allá [Cutipay Alto], no sé qué estaba haciendo acá”.

Es más, en una oportunidad habría ordenado a sus hombres prender fuego a los cerros, obligando a los mapuche a huir hacia la costa, lugar donde el suelo se torna escarpado y pobre para el cultivo:

“Cuando yo era una niña escuchaba decir a los más viejos: todavía está ardiendo el monte Prochelle, y la verdad es que ardió por mucho tiempo”.

Con motivo de estos hechos, la autoridad provincial se habría visto obligada a intervenir en este caso:

“Mi abuelo avisó al Intendente de Valdivia para que Carlos Prochelle dejara de molestar a los mapuche; éste amenazó con contarle una oreja a Prochelle si no lo hacía. Y así se fue, y nos dejó de molestar”.[3]

Sin embargo, por experiencia de su pueblo, los mapuche sabían que la lucha legal por sus tierras representaba la principal amenaza, pues habían rumores de que Prochelle había presentado un escrito en el Juzgado de Valdivia, exigiendo el reconocimiento de su dominio privado sobre vastas zonas de territorio.[4]

 

 

Como nos revela la documentación judicial, el 10 de marzo de 1936 Carlos Prochelle presentó ante la Corte de Apelaciones de Valdivia una demanda al Fisco, apelando contra el Decreto Supremo Nº 4.368 del 13 de octubre de 1933, que había negado en primera instancia el reconocimiento de su dominio privado sobre las tierras que comprendían el fundo Cutipay. Prochelle fundamentó esta demanda declarando que

“hay pocos títulos de propiedad en la región mas antiguos y respetables que los que tiene sobre el fundo Cutipay, [el cual] se formó por diversas compras que se remontan al año 1848″,

las cuales se habría adjudicado el 30 de diciembre de 1899 según la escritura pública de disolución de la sociedad Prochelle y Compañía. Además, afirmó que

“tanto él como sus antecesores son los únicos que han pagado contribuciones de haberes desde que hay archivo en el departamento de Valdivia; que por otra parte la posesión material sobre todo el terreno ha sido siempre muy clara de parte suya y de sus antecesores, ya que siempre practicaron en él todos los actos a que sólo da derecho el dominio, como puede ser construcción de casas, apertura de caminos, colocación de inquilinos, vigilancia y explotación del bosque, haciendo reservas forestales, siembras, crianza de animales, etc., desde hace más de cincuenta años”.[5]

Por su parte, Simón González Quiroga, Procurador Fiscal y representante del Fisco en Valdivia, respondió rechazando la demanda (apoyado en los mismos fundamentos del Decreto Supremo Nº 4.368), argumentando que entre las diversas escrituras de compraventas defendidas por Prochelle, ninguna guarda relación directa con la materia discutida, pues hacen referencia a lotes bastantes reducidos que no forman parte de un cuerpo cierto que constituya parte del fundo Cutipay:

“que de los referidos lotes de terrenos, una sola de sus compras, la hecha a don Jermán Cogñan en 11 de Agosto de 1890, por la Sociedad Prochelle y Cía., aparece inscrita ese año; pero no se ha establecido que este terreno comprenda la totalidad del fundo Cutipay, antes al contrario es evidente que no abarca toda esa extensión”.

De este modo, no pudiendo ser reconocida esta documentación como fuente de derecho, exigió al Juzgado se declare la cancelación de los títulos presentados por Carlos Prochelle, los cuales deberán inscribirse a nombre del Fisco.[6]

A esta declaración, Carlos Prochelle respondió con una nueva acción, rechazando la reconvención de sus títulos, insistiendo se le reconozca como

“el dueño legítimo de los lotes de terreno que se individualizan en la demanda, por tener sobre ellos un título y un modo de adquirir legítimos, o en subsidio, por haberlos ganado por la prescripción ordinaria y extraordinaria en razón de haberlos poseídos por más de treinta años”.[7]

Fundaba esta nueva petición sosteniendo que no se podía negar que los deslindes de los diversos títulos de propiedad comprendían todo el fundo Cutipay, los que fueron comprados por la sociedad Schülke y Compañía, formada por Germán Schülke y Eduardo Prochelle en 1868. Dichos derechos estarían prescritos por Carlos Prochelle, ya que tenía más de treinta y cinco años de posesión inscrita sobre el fundo Cutipay, a partir de la inscripción que hizo a su nombre en el Conservador de Bienes Raíces con fecha 30 de diciembre de 1899. En cuanto a los cuestionamientos sobre su posesión material sobre los terrenos:

“los testigos José Díaz, Gumercindo Ulloa, Tomás Ruiz, Juan Miguel Millalín y Carlos Fritz, contestan afirmativamente que los lotes en litigio están comprendidos dentro de los deslindes del fundo Cutipay y formaban parte de la reserva forestal que el demandante mantenía cuidadosamente para el futuro disfrute de maderas; que éste tenía posesión material indiscutida sobre dicho lote y reserva forestal, impidiendo por medio de sus cuidadores todo robo clandestino de maderas, haciendo leña y carbón de los árboles que caían naturalmente, construyendo caminos de acceso, haciendo cercos en varios puntos y evitando con ayuda de los carabineros que se introduzcan extraños al fundo”.[8]

Por su parte, Simón González Quiroga contestó pidiendo se rechace la nueva acción interpuesta por el demandante, por considerarse improcedente, pues

“el Fisco es dueño de todas las tierras baldías, y por lo tanto, no puede ganarse por prescripción en su contra, ya que tiene un dominio inmanente amparado por la propia ley”.

Asimismo, Prochelle

“no tiene tampoco posesión material tranquila y no interrumpida, ya que el propio demandante se encarga de confirmarlo, cuando sostiene que no, porque usurpadores [en presumible alusión a los mapuche] le han privado de su posesión, por esto se puede decir que carece de ella; que para ganar por prescripción un derecho cuando se trata de prescripción ordinaria se requiere título justo y no es justo cuando el que se invoca va contra lo consagrado en la propia ley”.[9]

Además, se establece que

“los deslindes del fundo Cutipay son diferentes de los terrenos comprados a Jermán Cogñan, por tratarse del único lote de terreno inscrito de los comprados por el demandante o por la sociedad antecesora Prochelle y Cía”.[10]

Finalmente, considerando el Juez Letrado de Valdivia, don Alonso de la Fuente, que los testimonios de Díaz, Ulloa, Ruiz, Millalín y Fritz, son demasiado vagos e insuficientes para formar la convicción de que son ciertos los hechos que afirman, sumado a las consideraciones y citas legales expuestas en contra de los títulos presentados por Carlos Prochelle, habiéndose eliminado «todos los derechos que pueden invocar aquellos que no posean materialmente el suelo», a partir de la promulgación de la ley sobre Constitución de la Propiedad Austral, se rechazó la demanda en todas sus partes, produciéndose la cancelación de la inscripción de dominio vigente de los lotes referidos, inscribiéndose el predio a nombre del Fisco, confirmándose la sentencia apelada del 10 de marzo de 1936.[11]

 

 

Los sucesos aquí narrados, ocurridos al interior de una pequeña localidad de la provincia de Valdivia a comienzos del siglo XX, nos plantean un complejo escenario social y legal que es preciso dilucidar. Al respecto, cabe preguntarse: ¿cuál es el significado de las acciones emprendidas por Carlos Prochelle en contra de la comunidad lafkenche de Los Molinos? Por un lado, percibimos estos hechos como fiel expresión de lo que por años venían siendo las conocidas prácticas de usurpación de tierras indígenas por parte de privados. Sin embargo, por otro, creemos que estos hechos representan una clara discontinuidad histórica respecto a lo que venían siendo estas mismas prácticas, en la medida que, pese a los reiterados intentos de Prochelle por probar su dominio privado sobre las tierras indígenas y fiscales, la ley no reconoció la legitimidad legal de sus títulos, en la medida que éstos reñían con los requisitos establecidos por la propia ley.

¿Qué originó este cambio en la regulación legal de las relaciones sociales en torno a la tenencia de la propiedad de la tierra en el sur de Chile a comienzos del siglo XX?

Situándonos en perspectiva histórica, a comienzos del siglo XX encontramos en el sur del país una formación social en transición, conformada por una sociedad rural de colonos nacionales y extranjeros asentados sobre el antiguo territorio indígena, fruto de las distintas políticas de colonización implementadas por el Estado a partir del siglo XIX. Sin embargo, desde un comienzo dicha sociedad rural debió lidiar con los llamados «propietarios de papel», individuos inescrupulosos que, invocando todo tipo de títulos, proclamaban su derecho privado sobre vastas zonas de territorio. Dicho escenario tuvo lugar en un contexto marcado por una fase de transición de la propiedad de la tierra, en el cual las relaciones sociales en torno a su tenencia aún no se encontraban del todo regularizadas, siendo su dominio un derecho legal susceptible de ser apropiado y disputado por distintos medios, situación que alcanzó su mayor expresión y crudeza en los casos en contra de mapuche. En este sentido, es reveladora la nota del 28 de febrero de 1911, enviada por el Jefe del III Grupo de Carabineros al Intendente de Valdivia, don Manuel Jesús Ramírez de Arellano, para hacerle saber de los continuos hechos de violencia ocurridos en la zona rural, producto del robo de tierras a indígenas:

“me refiero  a la fuente principal de las discordias rurales que no es otra que las pretensiones encontradas de dominio sobre los terrenos entre diversos particulares, i mui a menudo con los naturales de esa región, lo que desarrolla escenas violentas que hoy, dentro de las medios a mi alcance, me es imposible prevenir. Así, por ejemplo, no se puede impedir el uso de las armas en terrenos discutidos, que las autoridades consideran fiscales i que a su vez se disputan varios particulares entre si: cada uno de ellos alega que está en su propio terreno i que allí puede usar las armas que quiera. Los indígenas comuneros del Fisco, se hallan así en una situación aflictiva. Nunca falta un particular que pretenda un título sobre los terrenos que ocupan. Con él se creen autorizados para lanzarlos, sea con una intimidación constante producida con el simple uso de las armas ante naturales indefensos”.[12]

¿Cuál fue la dimensión del robo de tierras por parte de privados en el sur del país y qué impacto tuvo en la tenencia de la propiedad de la tierra a inicios del siglo XX?

Con el objetivo de hacerse de un «concepto preciso de la gravedad de las denuncias realizadas en varias ocasiones», el 21 de diciembre de 1910 el Senado nombró una comisión parlamentaria con la tarea de viajar a las «provincias de la frontera» y evaluar en terreno el funcionamiento de las leyes a cargo de la constitución de la propiedad de la tierra y recabar antecedentes sobre los abusos y atropellos cometidos en contra de colonos nacionales, ocupantes fiscales e indígenas. La comisión adoptó como plan de trabajo el procedimiento de las audiencias públicas, a las cuales podrían acudir todas aquellas personas que quisieran interponer un reclamo ante ella. Durante su visita, los parlamentarios se dividieron en diferentes delegaciones, con el objetivo de trasladarse de mejor manera hacia todos los puntos de la región. En su estadía en el sur visitaron las provincias de Cautín, Valdivia y Llanquihue, y se detuvieron en las ciudades de Temuco, Nueva Imperial, Gorbea, Loncoche, Pitrufquen, Villarrica, Pucón, Osorno, Valdivia, Corral, La Paz, La Unión, Puerto Octay, Puerto Varas y Puerto Montt. En todas las audiencias tomaron parte el Inspector General de Colonización, don Temístocles Urrutia, el Director de la Oficina de Mensura de Tierras, Luis Riso Patrón, el Interventor de Colonias, Otto Rehren, el Presidente de la Comisión Radicadora de Indígenas, Leoncio Rivera, así como cualquier funcionario que pudiera ayudar a esclarecer la situación de la propiedad raíz.[13]

El informe oficial de la comisión albergó una revisión exhaustiva de todas las leyes y decretos que participaron en la constitución de la propiedad de la tierra desde mediados del siglo XIX. También consideró actas, mapas y cualquier documentación relevante que permitiera evaluar el desempeño de las políticas de constitución de la propiedad de la tierra. Y dicho diagnostico no fue para nada alentador:

“el interés por adquirir propiedades se ha desarrollado en un medio legal defectuoso, y de aquí la detentación abusiva de propiedades fiscales; el despojo de la propiedad indígena; la indeterminación de los deslindes; la radicación muchas veces dolosa de éstos; la dificultad de establecer la posesión sobre hechos concretos y que pueden significar un ejercicio efectivo de los atributos del dominio sobre una determinada extensión de suelo; los abusos que se cometen cuando se trata de probar por testigos la posesión ante los tribunales de justicia; la preparación artificiosa de títulos de propiedad, valiéndose de las mismas disposiciones creadas por la ley para hacer pública y estable la propiedad raíz; contratos ficticios, particiones simuladas, inscripciones fraudulentas, etc”.

En pocas palabras, la comisión concluyó que los medios formales establecidos por el Estado para constituir la propiedad de la tierra en el sur del país, se habían desarrollado bajo un medio legal defectuoso, como consecuencia de la preparación artificiosa de títulos de propiedad en notarías y oficinas de conservadores de Bienes Raíces.[14]

Ante semejante escenario, fue obligación de la comisión parlamentaria proponer los procedimientos más adecuados que le permitieran al Estado recuperar todas las tierras usurpadas o adquiridas de mala manera por parte de privados, presentando el año 1912, ante el Congreso Nacional, un proyecto de ley sobre un tribunal especial de tierras capaz de intervenir y regular las relaciones sociales en torno a la tenencia de la propiedad de la tierra, diferenciando lo fiscal de lo privado. Sin embargo, debido a lo delicado de su contenido, la discusión política de este proyecto de ley se llevaría más bien a paso lento, esto como consecuencia del evidente desinterés mostrado por algunos sectores políticos, cercanos a los grandes propietarios de la tierra, quienes no veían con buenos ojos la pronta promulgación de este proyecto de ley que se proponía hacer una revisión exhaustiva de todos aquellos títulos de dominio privado constituidos de manera libre y sin intervención del Estado sobre el suelo ancestral indígena.[15]

Como se sabe, la propiedad privada de la tierra en las provincias ubicadas al sur del río Biobío se constituyó principalmente de dos maneras sobre el suelo ancestral indígena.

Por un lado, a partir de títulos de dominio emanados del propio Estado, es decir, de todos aquellos títulos entregados a particulares como concesión fiscal, a través de las diversas leyes promulgadas con el objetivo de enajenar, dividir y explotar la tierra. En este grupo encontramos los títulos de dominio formados por las políticas de colonización nacional, remate de tierras fiscales y radicación indígena, establecidas a mediados del siglo XIX.

Por otro lado, a partir de títulos de dominio sin participación del Estado, es decir, de todos aquellos títulos establecidos de manera libre, como resultado de un temprano proceso de intercambio comercial y compraventas de tierras entre indígenas y particulares, el cual muchas veces se realizó de manera abusiva y engañosa.[16] Sería precisamente esta última forma de constitución de la propiedad privada –vía usurpación de propiedades indígena– la que, llegado un determinado momento, fue capaz de disputar y poner en entredicho la potestad del Estado como el principal detentor de las tierras fiscales.

Al respecto, este proyecto de ley se proponía hacer una revisión de todos los títulos de dominio privado constituidos desconociendo las restricciones establecidas por las leyes prohibitivas promulgadas durante la segunda mitad del siglo XIX, con el objetivo de prohibir y limitar el acceso de los particulares a la propiedad de la tierra, en respuesta a los reiterados casos de abusos y atropellos cometidos en contra de mapuche.[17] En este sentido, la necesidad de contar con un tribunal especial de tierras se volvió especialmente urgente en el caso de las provincias de Valdivia, Llanquihue, Chiloé y Magallanes, lugar donde las prohibiciones para adquirir terrenos indígenas debieron esperar a la promulgación de la ley del 11 de enero de 1893, dejando por años el camino libre a los abusos y el fraude en la zona. De esta manera, dentro de la discusión política, esta ley se convertiría en el principal criterio legal para diferenciar lo legítimo de lo ilegítimo respecto a la tenencia de la propiedad privada de la tierra en las provincias ante dichas.

¿Cómo funcionaría este tribunal especial de tierras, capaz de fallar  en todos los asuntos relacionados con problemas de dominio, posesión y tenencia de la propiedad de la tierra, entre el Estado y los privados en el sur del país?

En su forma definitiva, este proyecto de ley determinó las normas de un nuevo sistema legal, estableciendo que las personas que se creyesen con derecho al dominio de terrenos situados en las provincias de Valdivia, Llanquihue, Chiloé y Magallanes, deberían pedir al Presidente de la República el reconocimiento de la validez de sus títulos, dentro del plazo de dos años a contar de la fecha de su promulgación, anotándolos en un registro especial a cargo del Departamento de Tierras y Colonización.[18] A partir de este registro, el Presidente de la República reconocería como válidos todos aquellos títulos cuya inscripción originaria fuese anterior al 11 de enero de 1893.[19] Por otro lado, las personas que no se consideraban con derecho a solicitar este reconocimiento, por no cumplir con el requisito anterior, podían pedir al Presidente de la República que les concedieran los beneficios otorgados por esta ley, dentro del plazo de dos años a contar de la fecha de su promulgación, anotándose en otro registro especial a cargo del departamento antedicho.[20] A partir de este registro, las personas que ocupaban materialmente cualquiera extensión de terrenos fiscales desde diez años a lo menos, podían solicitar al Presidente de la República que les concediera título gratuito de dominio hasta un máximo de ochenta hectáreas, o podían pedir al Estado que les vendiera hasta la extensión máxima de mil hectáreas.[21] Del mismo modo, este proyecto de ley consideró que aquellas personas que no estuvieran satisfechas con las normas de este nuevo sistema legal, podían demandar al Fisco en juicio de dominio, dentro del plazo de seis meses a contar de la fecha de su promulgación.[22]

En definitiva, por medio de este proyecto de ley el Estado estableció la prescripción adquisitiva absoluta de todos los títulos históricos inscritos con anterioridad al 11 de enero de 1893, perdonando a todos aquellos propietarios que, con derecho o sin él, fueron adquiriendo tierras indígenas o fiscales a lo largo de los años, validando su tenencia desde el punto de vista legal, terminando con la atmósfera de especulación en torno a su origen. Sin embargo, con posterioridad a esta fecha, se estableció un estricto marco fiscalizador para los ocupantes de tierras fiscales y pequeños propietarios que no contaran con títulos debidamente inscritos y registrados, extendiéndose los beneficios otorgados por esta ley sólo en aquellos casos de ocupación material, es decir, en los casos en que se hubieran invertido capitales y efectuado mejoras (edificios, caminos, descampes, destronques, plantaciones, sembrados, praderas artificiales y otros trabajos de igual o superior importancia).[23]

Con su promulgación el 11 de febrero de 1928, la ley Nº 4.310 «Sobre constitución de la propiedad austral» se propuso regular todas las relaciones sociales en torno a la tenencia de la tierra sobre una superficie territorial cercana a los veinte millones de hectáreas, abarcando un número aproximado de 47.000 títulos de dominio. Sin embargo, este proceso no estuvo libre de importantes dificultades, debido principalmente a la resistencia, mostrada por algunos personajes, a renunciar al robo de tierras.

Como nos revelan los Boletines del Congreso Nacional, hacia 1931 eran numerosas las denuncias que llamaban la atención sobre el uso abusivo que se le estaba dando a la aplicación de esta ley por parte de algunos privados, los cuales, a partir de toda clase de artimañas y resquicios legales, buscaban el reconocimiento de su derecho privado sobre grandes extensiones de terrenos donde no existía rastro de actividad humana y ocupación material, dando paso al acaparamiento de tierras y la formación de grandes fundos.

En otros casos, se hizo mal uso de esta ley por medio de solicitudes o denuncias falsas, haciendo aparecer a pequeños propietarios como simples inquilinos, con el propósito de justificar su expulsión de los terrenos que habitaban, destruyendo sus casas, cercos, siembras, arboledas y todo medio que pudiera servir como prueba de posesión, como efectivamente sucedió en casos registrados en los departamentos de Valdivia, Osorno, La Unión y Río Bueno.[24] No obstante, pese a estos hechos, como lo demuestran las cifras oficiales, esta ley se mostró efectiva en su tarea de regular y fiscalizar la propiedad privada de la tierra, haciendo amplio uso de sus facultades, ya sea impugnando la validez de los títulos, o reduciéndolos a su verdadera cabida y deslindes, observándose importantes avances en el corto plazo.[25]

Es justamente en este complejo escenario social y legal que las acciones emprendidas por Carlos Prochelle en contra de la comunidad lafkenche de Los Molinos, adquieren su real dimensión y sentido. En efecto, situado en medio de un contexto legal, marcado a comienzos del siglo XX por las disposiciones y requisitos establecidos por la Ley de Propiedad Austral, Prochelle sabía que la única manera de reclamar su dominio sobre las tierras que rodeaban al fundo Cutipay era a través de una demanda en contra del Fisco. Para esto, según lo establecido por la ley, Prochelle debía probar su derecho privado no sólo a partir de la presentación de títulos de dominio, en este caso de dudoso origen, sino también a partir de la ocupación material de aquellas tierras reclamadas. Cuestión que explicaría el interés de Prochelle por desalojar a las familias mapuche de sus tierras, enviando a sus inquilinos, acompañados de carabineros, para destruir sus cosechas, casas y todo medio que pudiera servir como prueba de posesión de sus ocupantes originales.[26] Sin embargo, pese a estos esfuerzos, la nueva ley fue clara en su cometido, negando la validez de los títulos presentados por el empresario alemán, tal como fue ratificado por la Corte de Apelaciones de Valdivia con fecha 8 de junio de 1937.

Anótese y notifíquese.

 

Este texto es resultado de una investigación mayor enfocada en estudiar la historia de la lucha social por la tenencia de la propiedad de la tierra en el sur del Chile a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX.

 

Luis Berger Venegas

Profesor en Historia y Ciencias Sociales. Magíster en Pensamiento Contemporáneo, Universidad Austral de Chile.  luis.berger.venegas@gmail.com.

 

 

[1]  Oficio presentado por el diputado demócrata de Valdivia, Nolasco Cárdenas, Boletín Sesiones Congreso (BSC), Diputados, Sesión Extraordinaria, 1926, 16 de junio, 246-247.

[2]  Fabián Almonacid, La Industria Valdiviana en su Apogeo (1870-1914), Ediciones Universidad Austral de Chile, Valdivia, 2013, Págs. 184-196.

[3]  Entrevista a Lucy Chicuy Collilef  (Q.E.P.D.), Los Molinos, Valdivia, 25 de mayo de 2012.

[4]  «Carlos Prochelle presenta un escrito al Juzgado para desalojar a 9 familias indígenas», La Jornada Comunista, Valdivia, 30 de diciembre de 1926, Pág. 2.

[5]  Archivo Conservador de Bienes Raíces de Valdivia, Carlos Prochelle c/ Fisco, demanda por dominio, Valdivia, Libro Copiadores de Sentencia de la Corte de Apelaciones de Valdivia, Tomo I, 1937, Nº 42, foja 128-129.

[6]Ibidem, foja 135.

[7]Ibid., foja 131.

[8]Ibid., foja 138.

[9]Ibid., foja 133.

[10]Ibid., foja 135.

[11]Ibid., foja 136.

[12]  «Alrededor de un abuso», La Aurora, Valdivia, 3 de marzo de 1911, Pág. 5.

[13]  «La comisión parlamentaria», La Aurora, Valdivia, 17 de febrero de 1911, Pág. 4.

[14]  Comisión Parlamentaria de Colonización, Informe Proyectos de Ley, Actas de las Sesiones y otros Antecedentes, Imprenta y Litografía Universo, Santiago, 1912, Pág. LVII.

[15]  (BSC), Diputados, Sesión Ordinaria, 1913,  03 de febrero, 2438-2440.

[16]  Arturo Puelma, Títulos de Propiedad en las Provincias Australes, Imprenta Chile, Santiago, 1916.

[17]  La primera medida promulgada fue el decreto del 14 de marzo de 1853, la cual, junto con decretar la creación de la provincia de Arauco, estipuló que todas las compraventas de terrenos indígenas efectuadas en territorio indígena, estarían bajo la supervisión de la autoridad ejecutiva. Más tarde, estas mismas exigencias serían extendidas a las provincias de Valdivia y Llanquihue, a través de los decretos del 4 de diciembre de 1855 y del 9 de julio de 1856, respectivamente. Sin embargo, con posterioridad a estas medidas, las leyes del 4 de diciembre de 1866 y del 4 de Agosto de 1874, encargadas de ratificar las prohibiciones establecidas por el decreto de 1853, sólo lo harían para el caso del territorio indígena ubicado entre el río Malleco y el río Toltén, dejando fuera a las demás provincias del sur.

[18]  Artículo 4º. Ley 4.310 del 16 de febrero de 1928.

[19]  Artículo 6º. También se incluyen los títulos que emanen válidamente del Estado, o respecto de los cuales hubieren recaído sentencias judiciales ejecutoriadas, en juicio de dominio, en que hubiere litigado como parte el Fisco; los títulos otorgados legalmente con anterioridad a la vigencia del Registro del Conservador de Bienes Raíces, estén o no inscriptos; y los títulos que hubieren sido otorgados legalmente con posterioridad a las fechas indicadas en los números precedentes, y cuyas inscripciones se hubieren efectuado con anterioridad a dichas fechas.

[20]  Artículo 4º.

[21]  Artículo 11 y 14.

[22]  Artículo 8º.

[23]  Artículo 13. Decreto 266. Reglamento de la Ley de la Propiedad Austral.

[24]  (BSC), Diputados, Sesión Ordinaria, 1931, 2 de junio, 141-143.

[25]  Según las cifras oficiales, hasta el mes de septiembre de 1931, se había regulado un total de 10.793 títulos de dominio privado, que correspondían a un total de 2.952.526,07 hectáreas. Oficio del Ministerio de Tierras y Colonización, (BSC), Diputados, Sesión Extraordinaria, 1931, 3 de noviembre, 860-861.

[26]  «Carlos Prochelle y los grandes robos de tierras en los Molinos, Niebla», La Jornada Comunista, Valdivia, 24 de diciembre de 1926, Pág. 2.

 

 

Las opiniones vertidas en esta colaboración, no representan necesariamente el pensamiento de la institución.